jueves, 30 de diciembre de 2010

La Banca Culpable


VICENÇ NAVARRO, Publico, 30.12.2010

Dean Baker, codirector del Center for Economic and Policy Research de Washington, fue el primer economista que alertó de la existencia de una burbuja inmobiliaria en EEUU y de las consecuencias que el estallido de tal burbuja tendría para la economía estadounidense. El establishment económico (los economistas en puestos de dirección de la Administración Bush junior, así como las lumbreras del mundo académico universitario) ignoraron completamente tal aviso, reproduciendo una imagen de complacencia con la situación de la economía, a la vez que mantenían unos comportamientos cómplices con los grupos de presión responsables de la burbuja inmobiliaria (entre los cuales hay que destacar a la banca). En EEUU acaba de estrenarse el documental Inside Job que muestra la génesis de la crisis económica y financiera de EEUU, incluido el estallido de la burbuja inmobiliaria, señalando la gran responsabilidad que centros universitarios de formación y análisis económico tuvieron (a través de sus servicios de asesoría a la banca-Wall
Street) en el desarrollo de tales crisis. Los guardianes de la “ortodoxia económica neoliberal”, que promocionaban la sabiduría convencional económica, marginaban y silenciaban las escasas voces críticas a tal pensamiento único. Voces críticas como las de Dean Baker eran ignoradas sistemáticamente.
La burbuja, sin embargo, estalló y creó una enorme recesión. Ninguna de las voces del establishment neoliberal admitió su error. En realidad, lo que Dean Baker estaba señalando era fácil de prever. Las prácticas especulativas del complejo bancario-inmobiliario estaban creando una situación explosiva que se basaba en unos precios exagerados e irracionales de las viviendas, muy por encima del nivel de los salarios que pudiera sostener el consumo de tales viviendas. El estallido inmobiliario se debía a esta enorme distancia entre el precio de la vivienda y el nivel salarial del pueblo estadounidense. La explosión de la burbuja significó el colapso del sector inmobiliario y la paralización de la construcción. Y consecuencia de la centralidad de tal sector en el crecimiento económico, el colapso significó la Gran Recesión de la economía.
La manera de salir de ella era mediante el aumento del gasto público, que cubriera, en parte, el vacío que había creado el colapso del mercado de la vivienda, estimulando así la economía. Y otra medida necesaria era la bajada muy significativa del precio de la vivienda, que se calculó estaba sobrevalorada en un 30% (en algunas partes del país, como California, incluso un 70%). Tal reducción era esencial para reavivar el sector de la vivienda. Dean Baker acaba de escribir otro libro, False Profits. Recovering the Bubble Economy, en el que indica que, a no ser que los precios de la vivienda bajen más, la economía estadounidense no saldrá de la Gran Recesión.
Lo que hace especialmente interesante la lectura del libro de Baker es que las semejanzas con la situación española son enormes, semejanzas que también acaban de señalarse en un artículo reciente de The New York Times (18-12-10). Como en EEUU, en España el complejo bancario-sector inmobiliario-industria de la construcción fue el eje del crecimiento económico. Y también, como en EEUU, la burbuja se basó en el comportamiento especulativo de la banca, que determinó, en consecuencia, unos precios artificialmente altos, muy por encima de la capacidad de compra de la población española, que se endeudó enormemente. Y de nuevo, como en EEUU, las autoridades públicas estimularon el comportamiento especulativo (mediante, entre otras medidas, la desregulación del suelo) del complejo bancario-inmobiliario. Y como en EEUU, el comportamiento del Banco Central fue de una enorme dejadez en su responsabilidad reguladora y supervisora. La responsabilidad del Banco de España y de su gobernador en el establecimiento de la burbuja y su explosión no ha sido menor. Su complicidad con la banca adquirió un nivel tal que debieran exigírsele responsabilidades.
Pero tal complicidad, según The New York Times (18-12-10), continúa en España. Así, no sólo Dean Baker sino muchos otros expertos internacionales señalan que el precio de la vivienda en España debiera bajar mucho más (un 30%) de lo que ha bajado (sólo un 12%). Si no se produce un mayor descenso, equilibrando el precio de la vivienda con el nivel adquisitivo de la población, no habrá reavivación del mercado inmobiliario y no habrá recuperación de la economía. Y aquí, de nuevo, el problema está en el excesivo poder de la banca española (hoy una de las mayores propietarias de viviendas vacías), que no quiere bajar más los precios a fin de no aumentar sus pérdidas y mantener su nivel de beneficios. Y, paradójica y sorprendentemente, las autoridades públicas no están interviniendo para forzar la venta de tales viviendas (prohibiendo, por ejemplo, que existan viviendas vacías) y con ello bajar el precio de la vivienda. En realidad, están haciendo todo lo contrario. Nada menos que la segunda autoridad económica del Gobierno Zapatero, José Manuel Campa, ha indicado que “el precio de la vivienda ha bajado ya suficientemente”, apoyando las declaraciones casi idénticas del gobernador del Banco de España que, como siempre, apoya a la banca a la cual debiera supervisar y regular. En realidad, el grado de complicidad entre el Banco de España y la banca explica la desconfianza que existe fuera de España hacia la tan promovida “salud del sistema bancario español”. Hoy, nadie conoce el grado de morosidad existente en España ni el porcentaje de viviendas vacías existente en el mercado español. Y esta falta de confianza es la que está retrasando la recuperación económica. Y, mientras, el gobernador del Banco de España está acusando a los sindicatos de ser responsables de la escasa recuperación económica por su defensa de los puestos de trabajo. 

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra y profesor de Public Policy de The Johns Hopkins University

Ilustración de Mikel Jaso

jueves, 23 de diciembre de 2010

UGT primera fuerza sindical en Cantabria

El apoyo de los compañeros de Cantabria a las candidaturas de UGT en los dos comités la han convertido en la primera fuerza sindical en el banco, en Cantabria, conservando la mayoría en el Comité de Agencias y Sucursales, a pesar de perder un delegado, y ganando otro en el del Paseo de Pereda, lo que nos sitúa con 8 delegados, por 7 de CCOO y FITC.

miércoles, 15 de diciembre de 2010

Publicación de un nuevo número de La Ventanuca dedicado a las elecciones


Publicado el número 71 de La Ventanuca, correspondiente al mes de diciembre y que está dedicado íntegramente a las elecciones en el Banco Santander.
Probablemente no satisfaga a todos, pero el consejo deredacción se encuentra muy satisfecho con el resultado obtenido.

sábado, 11 de diciembre de 2010

Proclamación definitiva de las candidaturas

El viernes día 10, siguiendo el calendario previsto, se ha realizado la Proclamación Definitiva de las Candidaturas.
UGT presenta lista a los dos Comités de Cantabria.
En el del Paseo de Pereda se presenta la siguiente lista:

Y al de Agencias y Sucursales esta otra:

jueves, 9 de diciembre de 2010

Nuevas propuestas de Vicenç Navarro

Alternativas para la crisis según el Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales de la Pompeu Fabra. Su blog parece un aula abierta a la economía social y a la política progresista.

lunes, 6 de diciembre de 2010

Presentadas las candidaturas


El día 7 se han presentado las candidaturas a los dos Comités de Empresa que se eligen en Cantabria. En ambos comités se han presentado sólo tres candidaturas, como ha sucedido los últimos años, desde la desaparición de AMI, cuando se integró en CCOO. Fusión aparentemente contranatura, pero que el tiempo vendría a demostrar que no lo era tanto.

miércoles, 1 de diciembre de 2010

Una visión panorámica

Aunque se trata de una explicación superficial, este documento advierte claramente hacia donde van los intereses de los nuevos "asesores" del gobierno.
Lo único que se puede hacer desde nuestro puesto de trabajo para intentar paliar los efectos negativos a los que sus postulados arrastran es la participación en las elecciones del día 22. Sólo el voto a sindicatos que defienden realmente a los trabajadores puede contribuir a frenar la carrera a la que nos llevan.
En Cantabria la UGT viene planteando a la empresa, desde hace años, todas aquellas posibilidades que hagan posible la convicencia entre los intereses del banco y los de sus trabajadores. El medio que se utiliza para ello habitualmente es la negociación, pero en ocasiones no permiten otra salida que demandar, ante las diferentes instancias, las perversiones que la empresa hace de los acuerdos que firma. El caso más reciente es el de la supresión, de manera arbitraria, de la media hora de Santander, que sigue su curso ante la Audiencia Nacional, pero ya sin el apoyo de FITC, que una vez más se muestra incapaz de defender ante los tribunales los acuerdos alcanzados.

viernes, 12 de noviembre de 2010

Constitución de las Mesas Electorales

ELECCIONES EL 22 DE DICIEMBRE

Esta mañana se han constituído las Mesas Electorales para las elecciones del próximo día 22 de diciembre.
Una mesa que corresponde al Comité del edificio del Paseo de Pereda, en el que votarán todos los trabajadores que tienen en él su puesto de trabajo. Esta mesa estará abierta hasta las 15,00 o hasta que hayan votado todos los trabajadores.
Para el Comité de Agencias y Sucursales se han constituído, en esta ocasión, tres mesas. Cada una de ellas con tres urnas. Una de las urnas estará durante un tiempo, a primera hora de la mañana, en la Ag. 1 y a continuación recorrerá toda la ciudad recogiendo los votos a su paso por las agencias.
Las otras ocho urnas saldrán de Santander y recorrerán la provincia en unos circuitos que ya han sido establecidos y que oportunamente serán comunicados a todas las sucursales.
Seguiremos informando desde este blog, pero es fundamental que se esté atento a los tablones de anuncios de las sucursales.
Para cualquier consulta ya sabéis dónde localizarnos, en la Sección Sindical (Tél. 942206404) o en la dirección de correo electrónico laventanuca@gmail.com

miércoles, 27 de octubre de 2010

Eco de la concentración en memoria de Estela Calduch

                                                                                                                                                              
AQUÍ, página 12
ALERTA, página 27
La prensa regional impresa en Cantabria se ha hecho eco de la concentración que ayer llevamos a cabo los compañeros de Estela Calduch a la puerta de nuestras oficinas. La respuesta de los trabajadores fue mayoritaria, con porcentajes que rondaron el 90%, pero que en multuitud de oficinas alcanzó el 100%.
El periódico decano de la prensa de Cantabria, aunque desde hace unos años se imprime y elabora en Bilbao, El Diario Montañés, prefirió no robar espacio al XIII Congreso de la Empresa Familiar, que durante estos días se está celebrando en Santander,  en el que intervino el presidente del Santander, Emilio Botín, quien, como recoge el comentario de ALERTA, sí dedicó unas palabras a nuestra compañera asesinada en Cambrils.

martes, 26 de octubre de 2010

Rechazo al sesinato de Estela Calduch

Concentranción de Trabajadores del Banco Santander ante la Sede de la entidad, 26.10.2010
Foto © Javier Vila

En la mañana de hoy se han realizado concentraciones a la puerta de todas las oficinas del Santander en rechazo al asesinato de nuestra compañeroa Estela Calduch ayer en la sucursal de Cambrils (Tarragona) en el transcurso de un atraco.

lunes, 25 de octubre de 2010

Asesinato de una compañera


En la mañana de hoy ha sido asesinada nuestra compañera Estela Calduch en la sucursal de Cambrils (Tarragona). Independientemente de cuáles hayan sido las circunstancias concretas, esta muerte es la consecuencia de una legislación escasa y de una actitud empresarial reacia a acometer medidas concretas que no sean los mínimos que marca la ley.

viernes, 1 de octubre de 2010


La importancia de la huelga general

VICENÇ NAVARRO


 

La finalidad era la de alentar al lector a que se sumara a la huelga general, un evento de extraordinaria importancia, con amplias repercusiones sobre el bienestar de la población en España y, muy en particular, de sus clases populares. El establishment español (las instituciones, fuerzas políticas, grupos empresariales y financieros y mayores medios de información que dominan la vida política, económica, financiera y mediática del país) está imponiendo unas políticas con el objetivo último de disminuir los salarios de los trabajadores y recortar la financiación del ya poco desarrollado Estado del bienestar (el gasto público social por habitante continúa a la cola de la UE-15, el grupo de países de la UE más próximos a nosotros por su nivel de desarrollo económico).

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy
en The Johns Hopkins University

Ilustración de Mikel Jaso

Lee el artículo completo: http://blogs.publico.es/dominiopublico/2492/la-importancia-de-la-huelga-general/

jueves, 30 de septiembre de 2010

LOS SINDICATOS SEGUROS DE HACER RECTIFICAR AL GOBIERNO


"La única huelga inútil es la que no se hace "
Luis García Montero y Joaquín Sabina conversan sobre una huelga que consideran imprescindible
PERE RUSIÑOL MADRID 29/09/2010 00:00 Actualizado: 29/09/2010 02:27

García Montero y Sabina, el pasado lunes. ÁNGEL NAVARRETE
El poeta Luis García Montero (Granada, 1958) y el cantautor Joaquín Sabina (Úbeda, Jaén, 1949) ya complotaban juntos en la Granada del tardofranquismo la forma de unir a la cultura roja e insumisa con la lucha del movimiento obrero. Más de 30 años después ha cambiado casi todo, pero ahí siguen: en lo mismo. En la cuenta atrás de la huelga general, los dos amigos se juntaron el lunes en la casa de un convaleciente Sabina "estoy magullado por una cogida de un toro muy cabrón", bromea para charlar, con Público de testigo, sobre una huelga que ambos consideran imprescindible.
"Hay que poner en marcha una cultura distinta y este puede ser el punto de partida"

Lee la entrevista completa: http://www.publico.es/dinero/338992/unica/huelga/inutil

lunes, 27 de septiembre de 2010

El País en defensa del SINDICALISMO

Como analistas universitarios en el ámbito de la Sociología del Trabajo y de las Relaciones Laborales, asistimos con preocupación a una campaña sistemática de deslegi-timación del sindicalismo por parte de una derecha política y mediática que, si hasta hace poco impugnaba su estrategia dialogante y negociadora, tildándola de pactista y domesticada, ahora eleva el tono contra sus convocatorias reivindicativas y movilizadoras.


No se trata, lamentablemente, de reflexiones o propuestas sobre los efectos de la crisis económica y el cambio ocupacional en el mercado de trabajo, las relaciones laborales y los agentes que participan en las mismas; ni de una evaluación crítica de sus resultados, identificación de sus límites y elaboración de alternativas; sino de un discurso descalificador que, más allá de su sesgo ideológico y formas desabridas, apunta contra las bases mismas de la legitimidad constitucional de los sindicatos y sus funciones de regulación y defensa de los asalariados, en el marco de unas relaciones laborales asimétricas.

La combinación de viejos resabios reaccionarios con el doctrinarismo neocon genera una imagen distorsionada del sindicalismo real, caricaturizado como anacrónico, disfuncional, no representativo y muy alejado de sus homónimos europeos. Se trata de justificar así iniciativas y prácticas orientadas a reducir derechos y ampliar desigualdades sociales.

La realidad del moderno sindicalismo es, sin embargo, mucho más compleja y su análisis riguroso nos permite constatar tanto sus dificultades para la agregación e intermediación de intereses de una clase trabajadora cada vez más fragmentada y plural, como el importante proceso de renovación de sus estructuras, estrategias y programas de intervención que la mayoría de las instituciones europeas, e incluso de los empresarios, valoran positivamente.

A nivel europeo, sus casi 60 millones de afiliados, hacen del sindical el mayor movimiento organizado de la UE-27, cuyo protagonismo en la construcción y defensa del modelo social ha sido y sigue siendo decisivo, como reconocen todas las instancias comunitarias.

Según los últimos informes oficiales de la Comisión Europea, la tasa media de afiliación sindical es del 25,1%, porcentaje que se dobla a través de la representación electoral en los centros de trabajo y triplica por la cobertura de la negociación colectiva.

Cabe destacar, a este respecto, la existencia de una significativa correlación positiva entre los niveles de sindicalización y los de competitividad económica y cohesión social, como demuestra el caso de los países escandinavos, cuyo alto nivel de desarrollo tecnológico y productivo se corresponde con tasas de afiliación superiores al 70% y una participación sindical consolidada, tanto a nivel empresarial como institucional. Y es que, definitivamente, un sindicalismo fuerte no resta, suma.

Pese a su tardío reconocimiento legal (artículo 7 de la Constitución de 1978), el sindicalismo español ha realizado importantes aportaciones al desarrollo democrático, socioeconómico e institucional de nuestro país, habiendo experimentado en las dos últimas décadas una notable expansión cuantitativa y renovación cualitativa, con la consiguiente convergencia con los principales indicadores comunitarios en la materia: desde 1990 ha duplicado el número de afiliados, hasta superar ampliamente los tres millones de adscritos, lo que supone una tasa media del 19,9%, según la última encuesta del Ministerio de Trabajo.

Esta importante presencia afiliativa se complementa con la audiencia electoral que, según el marco legal regulador de las relaciones laborales en nuestro país, confiere a las elecciones sindicales en los centros de trabajo, la función de determinar la interlocución de los trabajadores y legitimar la representatividad de los sindicatos.

En la actualidad son alrededor de 340.000 los delegados elegidos en las empresas, representando directamente al 52,8% del total de la población asalariada (lo que equivale a más de ocho millones de personas), e indirectamente al conjunto de los trabajadores, conforme al procedimiento legal de irradiación electoral.

Así pues, la intervención del sindicalismo español acredita una legitimidad de origen incuestionablemente democrática, por cuanto son las elecciones las que determinan la representación legal de los trabajadores tanto en las empresas (para la regulación y seguimiento de las relaciones laborales en dicho ámbito), como a nivel sectorial (negociación colectiva) e institucional (diálogo social), lo que amplía considerablemente el área de influenciasindical.

En nuestro país la negociación colectiva es de eficacia erga omnes, lo que implica que la práctica totalidad de los trabajadores tiene reguladas sus condiciones laborales básicas por convenios negociados por los sindicatos representativos, lo que exige, entre otras cosas, una considerable inversión de recursos económicos y humanos: tales como los 26.000 expertos sindicales que intervienen anualmente en la negociación colectiva, los más de 100.000 delegados de salud laboral que se ocupan de la seguridad y prevención de riesgos en las empresas, los 340.000 delegados que asumen la interlocución y defensa cotidiana de los trabajadores dentro y fuera de sus centros, lo que refuerza la legitimidad de ejercicio de la función sindical.

Conviene precisar a este respecto, como réplica a la demagogia antisindical sobre los mal llamados liberados, que según la Encuesta Europea a Empresas de 2009, los recursos de representación a que tienen acceso los delegados sindicales españoles son muy inferiores a los de sus homólogos europeos, tanto en formación ad hoc como en la cantidad y calidad de la información que reciben de sus empresas y, especialmente, en el tiempo disponible para el ejercicio de sus funciones representativas que, en el caso español, es cuatro veces inferior a la media europea.

Consideramos pues que, más allá de insuficiencias concretas y posibles errores, el sindicalismo merece el reconocimiento general por su gestión cotidiana en defensa de los trabajadores y por su contribución institucional a la modernización de nuestras relaciones laborales, especialmente ahora cuando los estragos de la crisis hacen más necesaria que nunca su intervención para la agregación y representación de intereses, la gestión del conflicto y la recuperación del diálogo social, hasta el punto de que si no existieran, habría que inventarlos.

Firman este artículo Pere J. Beney-to, Ramón Alós y Juan José Castillo, profesores de las Universidades de Barcelona, Valencia y Madrid. Lo suscriben también, Carlos Prieto (UCM), Enric Sanchis (UV), Pere Jódar (UPF) y Antonio Martín, Fausto Miguélez, Albert Recio y Teresa Torns (UAB).

lunes, 20 de septiembre de 2010

Un ejemplo de terquedad en la resistencia contra los totalitarismos



¡¡ Hasta siempre Labordeta !!

Has sido y seguirás siendo un ejemplo para todos los que luchamos contra la opresión de las mayorías totalitarias, contra el pensamiento único y contra la inercia del dinero que es capaz de comprar voluntades...

La reforma laboral no creará empleo, sino paro y desregulación

El abaratamiento del coste del despido

José María Zufiaur


“Si teniendo que pagar 45 días por año, con un tope de 42 mensualidades, nuestras empresas han despedido a centenares de miles de trabajadores por ese procedimiento, ¿se imaginan lo que harán cuando el coste ha pasado a ser de 25 días y un máximo de 18 mensualidades? ¿O qué sucederá cuando, gracias a las nuevas redacciones de las cuatro causas – económicas, técnicas, organizativas y por necesidades de la producción – de los despidos objetivos, les cueste despedir 12 días por año y hasta un límite de 7 mensualidades?”

La manera en que el Gobierno, y sus portavoces, han defendido la reforma laboral en el Senado, es sintomático del nuevo talante “liberal-decisionista” que impregna su actual manera de actuar y manifestarse. Ha pasado de querer basar su singularidad gubernamental en la defensa de políticas sociales a identificarse con la defensa de las medidas de ajuste y de reforma socialmente más duras.


El paso de la reforma laboral por el Senado ha contribuido a empeorarla y, especialmente, a mostrar el gusto que le ha cogido el Gobierno a las medidas laborales coercitivas. Por ejemplo, el endurecimiento de los requisitos para la ayuda a los parados y para la extinción de la prestación por desempleo. Como si el hecho de que los servicios públicos de empleo no coloquen laboralmente a casi nadie (el 2,9% de las colocaciones, según los últimos datos) sea culpa de los parados. Y no de que se lleva mucho tiempo sin creer en los servicios públicos de empleo; de que éstos se hayan orientado más al pago de prestaciones que a la recolocación o al mantenimiento en el empleo de los trabajadores; de que el número de orientadores (en comparación con otros países) es muy bajo en relación con el número de parados; de que no exista coordinación efectiva entre el Servicio Nacional de Empleo y los autonómicos; de que la formación impartida no incorpora valor añadido para la inserción laboral de los parados.


Del mismo tenor punitivo es la ampliación de las condiciones para declarar causa objetiva de despido el absentismo laboral (materia particularmente difícil de definir y, sobre todo, de medir objetivamente), que se ha incorporado por decisión senatorial.


Con estas iniciativas, este Gobierno vuelve a la misma filosofía que impulsó la reforma de las prestaciones por desempleo realizada por el Gobierno de González en 1992. Una ley aquella que también fue una reacción correctiva frente a la crisis y el aumento del desempleo. Y que redujo las prestaciones por desempleo, dificultó el acceso a las mismas y dio lugar a una huelga general de media jornada, el 28 de mayo de aquel año.


Convirtiendo en superavitarias las cuentas del desempleo, pero sin solucionar ninguno de los problemas estructurales del sistema de protección del desempleo. Al mismo tiempo, el Gobierno propuso un proyecto de ley orgánica de huelga totalmente restrictivo. Esas fueron sus respuestas al aumento de las demandas sociales y al fuerte incremento de la conflictividad laboral que se produjo en el primer semestre de aquel año, como consecuencia de la crisis. El posterior acuerdo entre los sindicatos y el grupo parlamentario socialista sobre un nuevo proyecto de ley de huelga, fue finalmente abortado en la fase final de su tramitación legislativa por el desacuerdo del Presidente del Gobierno y de su ministro de economía con el contenido del mismo.


El debate de la reforma laboral, en concreto de las prestaciones por desempleo, en la Cámara baja ha puesto de manifiesto la utilización por parte gubernamental de una lógica típica del reformismo liberal. Utilizando la idea de que es necesario pasar a un “Estado social activo” y de que es imprescindible “activar las prestaciones sociales” asistimos desde hace bastantes años en el mundo, y en Europa, a una extraordinaria presión, que también se podría llamar chantaje, orientada a que los parados acepten cualquier tipo de empleo. Ante un panorama donde el dogma económico imperante es incapaz de generar empleos para todos, se recurre, primero, a la extensión del pseudo-empleo precario. Y, para ello, a condicionar la aceptación de cualquier empleo. El discurso sobre el reparto del trabajo y la reducción de jornada ha dado paso al objetivo de “trabajar más para ganar… menos”. Bajo el auspicio de la OCDE ya no se trata de alcanzar el “pleno empleo” sino la “plena actividad”. Que, evidentemente, son cosas muy diferentes. La calidad del empleo no importa, lo importante es tener un empleo, por poco deseable que éste sea. En ese objetivo, la culpabilización de los parados, el reforzamiento de los controles y de las exigencias sobre los que no tienen empleo no sólo son útiles, sino indispensables. Tales medidas coercitivas son tanto más necesarias cuanto que las actividades-empleos ofertadas son poco atractivas, poco remuneradas, mal protegidas por el derecho del trabajo y la protección social. Un camino que, como dice el sociólogo francés Robert Castel, más que al progreso nos recuerda las luchas laborales propias de comienzos de la época industrial.


A su vez, la manera en que el Gobierno, y sus portavoces, han defendido la reforma laboral en el Senado, es sintomático del nuevo talante “liberal-decisionista” que impregna su actual manera de actuar y manifestarse. Ha pasado de querer basar su singularidad gubernamental en la defensa de políticas sociales a identificarse con la defensa de las medidas de ajuste y de reforma socialmente más duras. Políticas todas ellas – ajuste centrado en los sectores populares, reformas regresivas en el ámbito laboral y del sistema público de pensiones, política fiscal favorable a las empresas y a las rentas del capital – preconizadas por los centros emisores del pensamiento neoliberal, desde el Banco de España hasta el Fondo Monetario Internacional, pasando por la Comisión Europea.


Si, al principio, este Gobierno parecía querer dar a entender que lo hacía porque se lo imponían, luego ha pasado a defenderlas como el acto heroico necesario para asegurar el futuro del país. No sólo como la vía más responsable – nos cueste lo que nos cueste – sino también la más correcta desde los postulados de la izquierda. Al punto de que parece haber llegado al convencimiento de que cuanto más duras son las medidas, también son más de izquierdas. Pese a que los sindicatos y otros partidos de izquierda estén contra la reforma laboral y de las pensiones, aunque el Partido Socialista Europeo preconice lo contrario de las medidas de ajuste aquí adoptadas, a contracorriente de los socialistas franceses que se oponen a la prolongación de la edad de jubilación a los 67 años. Y, según se ha visto este mes de agosto, también de los alemanes del SPD, que han reculado lo que han podido, dada la división interna, sobre lo que habían firmado al respecto durante su participación en el gobierno de coalición con la Sra. Merkel.


De tal manera que si la movilización popular no lo evita, los nuestros nos van a aplicar, como en el pasado, las medidas que temíamos y que esos mismos decían que nos podría imponer la derecha. Que luego, cuando ésta llegaba al Gobierno, tampoco muchas veces podían aplicarlas, entre otras cosas, porque, desde la oposición, los nuestros volvían a parecer de los nuestros y apoyaban la protesta sindical. Ahora, otra vez, los nuestros nos
quieren convencer de que son las reformas que más nos convienen y hasta las que siempre ellos han defendido. La solución para el conjunto de la izquierda, a largo y seguramente también a corto plazo, pasa por pararles los píes, en España y en Europa.


Pese a este empeño en equiparar los recortes con las sangrías medievales que salvarán ahora al enfermo y lo fortalecerán en el futuro, en el tema del coste del despido, sin embargo, se reitera una y otra vez que esta reforma no lo abarata en absoluto. Lo que, manifiestamente, no es cierto. Ni siquiera si uno quiere confundir el coste del despido para las empresas con la indemnización que van a cobrar los trabajadores en caso de despido.


Cogiendo de referencia el eje central de la reforma, el Contrato para el Fomento de la Contratación Indefinida (CFCI), de 33 días de indemnización, que la misma generaliza - la indemnización de 45 días quedará como elemento absolutamente residual, para los contratos ordinarios, que progresivamente tenderán a desaparecer – del cuadro que figura en la parte inferior de este artículo se deduce con claridad la reducción del coste del despido producido en los últimos años para las empresas. Las medidas de la actual reforma – generalización del CFCI, extensión de la indemnización reducida (los 33 días) a los despidos objetivos simulados (es decir, declarados improcedentes por el propio empresario), redacción de las causas del despido objetivo mucho más proclive al pronunciamiento judicial favorable, reducción del periodo de preaviso, subvención a las empresas por parte del FOGASA con 8 días de la indemnización a pagar al trabajador en distintos tipos de despido – reducen a su vez de forma espectacular el coste del despido para las empresas.


Y eso es lo realmente relevante, en términos de consecuencias sociales. Si teniendo que pagar 45 días por año, con un tope de 42 mensualidades, nuestras empresas han despedido a centenares de miles de trabajadores por ese procedimiento, ¿se imaginan lo que harán cuando el coste ha pasado a ser de 25 días y un máximo de 18 mensualidades? ¿O qué sucederá cuando, gracias a las nuevas redacciones de las cuatro causas – económicas, técnicas, organizativas y por necesidades de la producción – de los despidos objetivos, les cueste despedir 12 días por año y hasta un límite de 7 mensualidades? Aún suponiendo, que es demasiado suponer, que los jueces vayan a rechazar en igual porcentaje que antes de la reforma los despidos objetivos ¿creen ustedes que los empresarios, si les conviene, no van a seguir declarándolos improcedentes, depositando la indemnización de 25 días, evitando, así, al juez y despidiendo sin mayores cortapisas? ¿Cuántos empresarios no están ya haciendo las cuentas para sustituir trabajadores antiguos, con más salario y cargas sociales y menos formación por otros nuevos, más jóvenes, sin cargas sociales y con una formación de base mucho mayor? Si no lo hacen no será por que económicamente no les salen rentables las cuentas.


Aparte de mantener íntegramente la temporalidad, la desestabilización de los trabajadores estables que esta reforma supone es difícil de imaginar en toda su amplitud. Me gustaría equivocarme, pero creo que será enorme. A lo que habrá que añadir las repercusiones que la misma va a tener sobre la negociación colectiva y el papel de los sindicatos. Y, por lo tanto, sobre el desequilibrio de la relación de fuerzas entre trabajo y capital. También, entre otras cosas, sobre los derechos de pensión de muchos trabajadores que, como consecuencia del proceso de sustitución de trabajadores viejos por jóvenes, pasarán a percibir pensiones más bajas.


Como consecuencia de la nueva regulación del despido objetivo en el Contrato de Fomento de la Contratación Indefinida y de la reducción de los días de preaviso, la percepción indemnizatoria de los trabajadores, contrariamente a lo que se dice, va a sufrir una sensible merma. Con las precedentes reformas, especialmente la de 2002, que la actual consolida pese a que el PSOE se manifestó en contra de ella, y con ésta, la indemnización que cobra el trabajador cae, respecto a la que le correspondía en 1994, entre un 30 y un 54%, según los años de antigüedad.


Pero la indemnización en caso de despido de un trabajador puede reducirse mucho más dependiendo de la otra vía abierta por esta reforma: la modificación de las causas del despido objetivo. Si como consecuencia de ello, los jueces consideran justificados los despidos que, en las mismas circunstancias, antes declaraban improcedentes, las indemnizaciones de los trabajadores perderán entre el 57 y el 72%.


Por último, al subvencionar con 8 días el despido objetivo es muy probable que para las empresas la indemnización por este tipo de despido de los trabajadores fijos y la indemnización por finalización de contrato de los temporales – tras el período transitorio de cinco años que el Real Decreto-ley establece para elevar la indemnización de éstos – sea la misma: 12 días. Que para los ideólogos de esta reforma es su objetivo último. Una peculiar manera de “acabar” con la dualidad de nuestro mercado de trabajo.

José María Zufiaur
Representante de UGT en el Comité Económico y Social Europeo.

viernes, 17 de septiembre de 2010

La huelga es algo más que una propuesta contra el gobierno


Luis García Montero, Público, 12.09.2010
La huelga general convocada no supone sólo una movilización en apoyo de los sindicatos. La huelga no es sólo una protesta contra el Gobierno del PSOE. Desde luego, merecen apoyo las consideraciones sindicales sobre la reforma laboral y la pendiente insolidaria que se agudiza con las novedades introducidas en el mercado de trabajo, la revisión de las pensiones, el retraso de la edad de jubilación y el deterioro del compromiso público de las cajas de ahorros. Desde luego, el Gobierno merece una protesta clara por haber capitaneado un bloque neoliberal en el que se integran también el PP y los nacionalismos conservadores. Pero nos equivocaríamos si cayésemos en la trampa de pensar que se trata sólo de apoyar a los sindicatos o de protestar contra el PSOE. Hay cosas más serias en juego. Por ejemplo, el sentido de la democracia europea.
La policía franquista tiroteó en julio de 1970, en Granada, a unos obreros de la construcción que exigían dignidad para sus condiciones laborales. Asesinaron a Antonio Cristóbal Ibáñez, Manuel Sánchez Mesa y Antonio Huertas. Todavía recuerdo sus nombres. Yo era un adolescente que veraneaba con un tío paterno emigrado a París. Tomé conciencia de lo que pasaba en mi ciudad a través de un chiste malhumorado. Los obreros de Granada son pájaros, comentó mi tío Manolo. La policía ha disparado al aire y han caído tres. Más tarde, en la Universidad, participé en discusiones que valoraban si aquellos obreros habían muerto luchando contra la dictadura o a favor de sus condiciones laborales. Como ya había leído a los novelistas sociales Armando López Salinas, Antonio Ferres, Jesús López Pacheco, Alfonso  Grosso o Juan Goytisolo, comprendí enseguida que resultan inseparables la lucha por la libertad y la dignificación del trabajo. La verdadera democracia no es concebible sin una vida laboral digna y el movimiento sindical es el exponente más profundo de la libertad social. La policía franquista no defendía únicamente el orden maniático y agresivo de un dictador. Procuraba también mantener un sistema basado en la humillación de los trabajadores y las desigualdades sociales.
Un convenio laboral justo es la encarnación en el mundo cotidiano de la idea del Estado democrático. Es el espacio público de nuestra jornada, algo así como la seguridad social o la educación gratuita de nuestros puestos de trabajo. La pretensión de un Estado con derechos universales, amparador, en el que se reformaron las leyes para limitar la avaricia de los especuladores, coincidió con una legislación laboral dispuesta a defender a todos los ciudadanos. Por eso la contrarreforma laboral condensa hoy la idea de un Estado débil socialmente, o sea, del Estado fuerte sólo para imponer medidas al servicio de los poderes económicos. Se trata de un Estado poco democrático, si es que entendemos por democracia algo más que el derecho al voto. Quienes afirman en alto que la reforma laboral sirve para crear empleo o para buscar nuevas formulaciones del Estado del bienestar, mienten. La tendencia precipita las costumbres económicas en sentido contrario y de forma irreversible. Quienes se encogen de hombros y dicen por lo bajo que son exigencias injustas de la realidad, no hacen más que asumir el fin de la política democrática. Por ese camino podemos cerrar los parlamentos y dejarnos gobernar por el FMI.
Europa rueda por un camino donde las necesidades de un banco o los quiebros de un especulador sustituyen la soberanía de los ciudadanos. ¿Implica alguna diferencia elegir? ¿Es lo mismo votar a Elena Salgado que a Rodrigo de Rato y Figaredo? Esa es la pregunta que nos jugamos el 29 de septiembre. Si queremos que un proyecto socialdemócrata sea diferente a una consigna neoliberal, debemos aprender a decir que no. Los mercados neoliberales no sólo privatizan espacios públicos. También han privatizado a los ciudadanos europeos. Somos ciudadanos privatizados, seres privados de la capacidad de decirle que no a los nuevos señoritos. La huelga general está convocada contra ese proceso y contra el olvido de muchos siglos de lucha por la igualdad. Estoy convencido de que, al margen de situaciones coyunturales, el éxito de esta huelga irá contra los intereses que representa el PP y a favor de las bases socialistas que necesitan un futuro distinto para Europa. Hay que dejar de comulgar con ruedas de molino.

martes, 10 de agosto de 2010

El Banco entra en la era de los Robots



LOS ACTUALIZADORES DE LIBRETAS SON SÓLO EL PRINCIPIO...

La imagen futurista siempre da resultado. Cuando las meigas en España todavía viajaban en escobas, las amas de casa americanas aparecían en los anuncios de las revistas ilustradas de importación luciendo sus aspiradoras eléctricas. Luego llegarían la máquina de escribir electrónica, las computadoras y la Cuenta Corriente Teleprocesada, primera vanguardia tecnológica del Santander en los años ochenta. Cuando el banco cántabro aún no se incluia entre los siete grandes y su presidente ni tan siquiera era invitado a los almuerzos semanales de los Banqueros con mayúsculas...

Hoy el 4B es sólo uno y los siete grandes han sido fagocitados por el banco que lleva el nombre de nuestra ciudad por el mundo y el color rojo por bandera. Y llega la era de la banca robotizada... Si es que algún día llegan a funcionar esas máquinas "come-libretas" y los clientes se llegan a acostumbrar a que les expliquen los productos en lenguaje interactivo...

miércoles, 7 de julio de 2010

Manifiesto de UGT por la HUELGA GENERAL del 29 de Septiembre


Los argumentos contra la lesiva Reforma Laboral los iremos desgranando uno a uno en este blog y en La Ventanuca durante el tiempo que nos queda hasta el 29 de Septiembre

lunes, 5 de julio de 2010

Prejubilados del Santander


¿Qué tendrá el Banco, que todo el mundo quier prejubilarse?

lunes, 21 de junio de 2010

Calentando motores



cantabria



Cedrún lamenta la "campaña de deslegitimación" que sufren los sindicatos y dice que el paro está "suficientemente justificado"

jueves, 17 de junio de 2010

Razones más que suficientes...



PROYECTO DE REFORMA LABORAL

El Gobierno aprobaba el proyecto de reforma laboral, sin garantías para convalidarla. El Ejecutivo no logra ningún apoyo expreso tras reunirse con todos los grupos. Mientras Cándido y Toxo se reúnen con todos los grupos parlamentarios para explicarles las razones para no apoyarlo.

El proyecto que ha presentado el Gobierno introduce grandes novedades en el mercado laboral en la línea de lo sugerido por los mercados y por los empresarios quienes, sin embargo, dicen que las medidas les resultan "acertadas pero nsuficientes". UGT ya ha avisado que la reforma no llegará a suponer la tan cacareada dinamización del mercado laboral, y que recoge elementos lesivos para los intereses de los trabajadores: en materia de costes de despido, tutela judicial y flexibilidad, y no conseguirá en ningún modo reducir la temporalidad. 

Estas son sus principales claves y los cambios más importantes que, si finalmente se aprueba en los mismo términos, introducirá el próximo decreto ley.


Contratos temporales:

Ø    Junto al alto paro juvenil, acabar con la excesiva división entre trabajadores indefinidos y eventuales supone el principal objetivo con el que el Gobierno se planteó la reforma. Para desincentivar su uso, el Ejecutivo plantea que los contratos de obra y servicio tengan una duración máxima de dos años, ampliables otros 12 meses si así se recoge en el convenio colectivo del sector. La empresas debe hacer constar en que consiste específicamente el servicio. Transcurridos dichos plazos, ya sea en la misma empresa o en una del mismo grupo o a través de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT), los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores fijos. La medida supone volver a la primera propuesta del Gobierno, ya que durante las negociaciones llegó a aceptar una duración máxima de dos años y seis meses, más próxima a las tesis de los sindicatos. También será aplicable en caso de subrogación empresarial. La patronal advierte de que penalizar la contratación temporal podría incidir negativamente en el paro.
Ø    Contratos eventuales tendrán una duración máxima de seis meses dentro de un periodo de 12 meses desde el inicio de la relación laboral. El convenio colectivo debe fijar las actividades para las que se puede realizar estos contratos y su volumen total sobre la plantilla.
Ø    Las indemnizaciones de los contratos temporales se amplía de los 8 días por año a 12 de forma progresiva. Hasta el 31 de diciembre de 2011, del 89%. De 10 días para los que se firmen a lo largo de 2012 y 2013. De 12 días para los que se celebren a partir del 1 de enero de 2014. También se aumenta en dos puntos las cotizaciones a la Seguridad Social de los contratos de obra y servicio.
Ø    Aunque se impongan límites a estos contratos, los expertos sostienen que el hecho de que se mantiene una amplia diversidad de modelos para contratar permitirá a las empresas seguir con su política de no arriesgarse a integrar en su equipo al personal permanentemente, aunque sus necesidades sean permanentes.

Causas objetivas de despido:

Ø    A la espera de lo que pueda acordar el Gobierno durante su negociación con el resto de grupos, donde podría fijar un periodo mínimo de seis meses en pérdidas continuadas para una empresa, el texto reconoce que concurren causas económicas que justifican una reducción de plantilla "cuando los resultados de la empresa arrojen pérdidas económicas no meramente coyunturales". "A estos efectos, la empresa tendrá que acreditar objetiva y documentalmente los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce mínimamente la razonabilidad de la decisión extintiva", añade el documento.
Ø    Los despidos procedentes o justificados tienen una indemnización de 20 días por año trabajado para todo tipo de contratos. En caso de aprobarse, la ampliación de los supuestos para que las empresas puedan acogerse a causas económicas, con el consiguiente recorte del dinero a pagar por despedir, afectará tanto a los indefinidos comunes como a los de fomento del empleo.

Contrato de fomento de la contratación indefinida:

Ø    Este tipo de contrato, ya en vigor menos para los hombres de entre 31 a 45 años pero muy poco utilizado, se extiende a todos los trabajadores que lleven más de tres meses en paro. En el caso de que lleven menos tiempo sin trabajo, también se podrán realizar si ha estado contratado de forma temporal durante los dos años previos a su entrada en el desempleo. Solo podrán realizar este tipo de contratos las empresas que no hayan reducido empleo en el año previo a la firma del mismo.

Un fondo para pagar las indemnizaciones:

Ø    El Gobierno creará un fondo, que entrará en vigor a partir de 2012, para abonar parte de las indemnizaciones por los despidos de quienes firmen un contrato de fomento del empleo desde ese momento.
Ø    El dinero a aportar en este instrumento, que se prolongará a lo largo de la vida laboral del trabajador independientemente de la empresa, será igual a un determinado número de días por año trabajado a concretar. El fondo se nutrirá con aportaciones empresariales y se podrá hacer efectivo en caso de despido, reduciendo una parte de lo que deben pagar las empresas, movilidad geográfica o para el desarrollo de actividades de formación. La parte que no se emplee pasará a cobrarse en la jubilación.

Participación del Fogasa:

Ø    Hasta la constitución del fondo, las extinciones de los contratos de fomento del empleo, con una indemnización de 33 días por año trabajado, se dividirá entre la empresa y el Fondo de Garantía Salarial, de carácter público, ya sean justificados o no. La empresa abonará 22 días y el Fogasa, los restantes 8. Los sindicatos critican esta medida, ya que entienden que se sufragarán despidos improcedentes con dinero público.

Flexibilidad interna:

Ø    Se autoriza a las empresas a modificar las condiciones laborales -jornada laboral, imposición de turnos o cambios en la renumeración acorde con las nuevas horas de trabajo- en periodos de debilitamiento económico para reducir el nivel de producción con el objetivo de evitar que el ajuste se traduzca únicamente en el empleo.
Ø    En caso de falta de acuerdo entre empresa y trabajadores sobre las medidas, un árbitro dictará la modificación de las condiciones de trabajo o acordará, en su caso, medidas alternativas.

Cambio en las bonificiaciones:

Ø    De 16 a 30 años: Hasta el 31 de diciembre de 2011, si se contratan de forma indefinida, se beneficiarán de una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 800 euros durante tres años. Solo es aplicable a los jóvenes con un año en paro y que no hayan completado la escolaridad obligatoria o carezcan de titulación profesional. En el caso de las mujeres, aumenta a 1.000 euros.
Ø    Mayores de 45 años: Si llevan en paro un año, tendrán derecho a una bonificación de 1.200 euros durante tres años. Si se contratan a mujeres, sube a 1.400 euros. Esta medida es aplicable hasta antes de 2012.
Ø    Las empresas transformen en indefinidos contratos formativos, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, cualquiera que sea la fecha de su celebración, tendrán derecho a una bonificación de 500 euros durante tres años. Para las mujeres es de 700 euros.
Ø    Las empresas que quieran acogerse a estas bonificaciones, salvo las referidas a contratos de relevo, deberán aumentar su nivel de empleo fijo. También están obligadas a mantenerlo a lo largo del periodo que dure la bonificación.

Inclusión de las ETT:

Ø    Se liberalizan los servicios de empleo dando entrada a las Empresas de Trabajo Temporal en todos los sectores para orientar, asesorar y colocar a los desempleados. No obstante, para suavizar el rechazo de los sindicatos a esta medida, las ETT deberán garantizar que sus usuarios entran en igualdad de condiciones en las empresas. Es decir, tendrán el mismo sueldo que sus compañeros y disfrutarán de los mismos derechos y condiciones: duración de la jornada, horas extraordinarias, descansos, trabajo nocturno, vacaciones y festivos. También deberán tener los mismos beneficios en cuestiones sociales como lactancia, guardería o permisos de maternidad.
 




 

martes, 15 de junio de 2010

UGT convoca hoy la huelga general para el 29 de septiembre


Lo avisaba Toni Ferrer hace unos días y hoy ya es un hecho...

Zapatero se enfrentará finalmente a su primera huelga general. ¿por qué? Porque el borrador de de REFORMA LABORAL presentado ayer por el Gobierno y que piensan aprobar el miércoles en Consejo de Ministros es, a juicio de UGT y también de CCOO lo suficientemente "lesivo" y "regresivo" con los derechos de los trabajadores y no cabe esperar que el texto se dulcifique con grupos políticos como el Partido Popular o CiU.

El texto del decreto está "escorado hacia la patronal" y hace el despido más fácil y barato y no va a acabar con la precariedad del mercado laboral y si, por el contrario, debilitar aún más el papel de la negociación colectiva.