jueves, 30 de septiembre de 2010

LOS SINDICATOS SEGUROS DE HACER RECTIFICAR AL GOBIERNO


"La única huelga inútil es la que no se hace "
Luis García Montero y Joaquín Sabina conversan sobre una huelga que consideran imprescindible
PERE RUSIÑOL MADRID 29/09/2010 00:00 Actualizado: 29/09/2010 02:27

García Montero y Sabina, el pasado lunes. ÁNGEL NAVARRETE
El poeta Luis García Montero (Granada, 1958) y el cantautor Joaquín Sabina (Úbeda, Jaén, 1949) ya complotaban juntos en la Granada del tardofranquismo la forma de unir a la cultura roja e insumisa con la lucha del movimiento obrero. Más de 30 años después ha cambiado casi todo, pero ahí siguen: en lo mismo. En la cuenta atrás de la huelga general, los dos amigos se juntaron el lunes en la casa de un convaleciente Sabina "estoy magullado por una cogida de un toro muy cabrón", bromea para charlar, con Público de testigo, sobre una huelga que ambos consideran imprescindible.
"Hay que poner en marcha una cultura distinta y este puede ser el punto de partida"

Lee la entrevista completa: http://www.publico.es/dinero/338992/unica/huelga/inutil

lunes, 27 de septiembre de 2010

El País en defensa del SINDICALISMO

Como analistas universitarios en el ámbito de la Sociología del Trabajo y de las Relaciones Laborales, asistimos con preocupación a una campaña sistemática de deslegi-timación del sindicalismo por parte de una derecha política y mediática que, si hasta hace poco impugnaba su estrategia dialogante y negociadora, tildándola de pactista y domesticada, ahora eleva el tono contra sus convocatorias reivindicativas y movilizadoras.


No se trata, lamentablemente, de reflexiones o propuestas sobre los efectos de la crisis económica y el cambio ocupacional en el mercado de trabajo, las relaciones laborales y los agentes que participan en las mismas; ni de una evaluación crítica de sus resultados, identificación de sus límites y elaboración de alternativas; sino de un discurso descalificador que, más allá de su sesgo ideológico y formas desabridas, apunta contra las bases mismas de la legitimidad constitucional de los sindicatos y sus funciones de regulación y defensa de los asalariados, en el marco de unas relaciones laborales asimétricas.

La combinación de viejos resabios reaccionarios con el doctrinarismo neocon genera una imagen distorsionada del sindicalismo real, caricaturizado como anacrónico, disfuncional, no representativo y muy alejado de sus homónimos europeos. Se trata de justificar así iniciativas y prácticas orientadas a reducir derechos y ampliar desigualdades sociales.

La realidad del moderno sindicalismo es, sin embargo, mucho más compleja y su análisis riguroso nos permite constatar tanto sus dificultades para la agregación e intermediación de intereses de una clase trabajadora cada vez más fragmentada y plural, como el importante proceso de renovación de sus estructuras, estrategias y programas de intervención que la mayoría de las instituciones europeas, e incluso de los empresarios, valoran positivamente.

A nivel europeo, sus casi 60 millones de afiliados, hacen del sindical el mayor movimiento organizado de la UE-27, cuyo protagonismo en la construcción y defensa del modelo social ha sido y sigue siendo decisivo, como reconocen todas las instancias comunitarias.

Según los últimos informes oficiales de la Comisión Europea, la tasa media de afiliación sindical es del 25,1%, porcentaje que se dobla a través de la representación electoral en los centros de trabajo y triplica por la cobertura de la negociación colectiva.

Cabe destacar, a este respecto, la existencia de una significativa correlación positiva entre los niveles de sindicalización y los de competitividad económica y cohesión social, como demuestra el caso de los países escandinavos, cuyo alto nivel de desarrollo tecnológico y productivo se corresponde con tasas de afiliación superiores al 70% y una participación sindical consolidada, tanto a nivel empresarial como institucional. Y es que, definitivamente, un sindicalismo fuerte no resta, suma.

Pese a su tardío reconocimiento legal (artículo 7 de la Constitución de 1978), el sindicalismo español ha realizado importantes aportaciones al desarrollo democrático, socioeconómico e institucional de nuestro país, habiendo experimentado en las dos últimas décadas una notable expansión cuantitativa y renovación cualitativa, con la consiguiente convergencia con los principales indicadores comunitarios en la materia: desde 1990 ha duplicado el número de afiliados, hasta superar ampliamente los tres millones de adscritos, lo que supone una tasa media del 19,9%, según la última encuesta del Ministerio de Trabajo.

Esta importante presencia afiliativa se complementa con la audiencia electoral que, según el marco legal regulador de las relaciones laborales en nuestro país, confiere a las elecciones sindicales en los centros de trabajo, la función de determinar la interlocución de los trabajadores y legitimar la representatividad de los sindicatos.

En la actualidad son alrededor de 340.000 los delegados elegidos en las empresas, representando directamente al 52,8% del total de la población asalariada (lo que equivale a más de ocho millones de personas), e indirectamente al conjunto de los trabajadores, conforme al procedimiento legal de irradiación electoral.

Así pues, la intervención del sindicalismo español acredita una legitimidad de origen incuestionablemente democrática, por cuanto son las elecciones las que determinan la representación legal de los trabajadores tanto en las empresas (para la regulación y seguimiento de las relaciones laborales en dicho ámbito), como a nivel sectorial (negociación colectiva) e institucional (diálogo social), lo que amplía considerablemente el área de influenciasindical.

En nuestro país la negociación colectiva es de eficacia erga omnes, lo que implica que la práctica totalidad de los trabajadores tiene reguladas sus condiciones laborales básicas por convenios negociados por los sindicatos representativos, lo que exige, entre otras cosas, una considerable inversión de recursos económicos y humanos: tales como los 26.000 expertos sindicales que intervienen anualmente en la negociación colectiva, los más de 100.000 delegados de salud laboral que se ocupan de la seguridad y prevención de riesgos en las empresas, los 340.000 delegados que asumen la interlocución y defensa cotidiana de los trabajadores dentro y fuera de sus centros, lo que refuerza la legitimidad de ejercicio de la función sindical.

Conviene precisar a este respecto, como réplica a la demagogia antisindical sobre los mal llamados liberados, que según la Encuesta Europea a Empresas de 2009, los recursos de representación a que tienen acceso los delegados sindicales españoles son muy inferiores a los de sus homólogos europeos, tanto en formación ad hoc como en la cantidad y calidad de la información que reciben de sus empresas y, especialmente, en el tiempo disponible para el ejercicio de sus funciones representativas que, en el caso español, es cuatro veces inferior a la media europea.

Consideramos pues que, más allá de insuficiencias concretas y posibles errores, el sindicalismo merece el reconocimiento general por su gestión cotidiana en defensa de los trabajadores y por su contribución institucional a la modernización de nuestras relaciones laborales, especialmente ahora cuando los estragos de la crisis hacen más necesaria que nunca su intervención para la agregación y representación de intereses, la gestión del conflicto y la recuperación del diálogo social, hasta el punto de que si no existieran, habría que inventarlos.

Firman este artículo Pere J. Beney-to, Ramón Alós y Juan José Castillo, profesores de las Universidades de Barcelona, Valencia y Madrid. Lo suscriben también, Carlos Prieto (UCM), Enric Sanchis (UV), Pere Jódar (UPF) y Antonio Martín, Fausto Miguélez, Albert Recio y Teresa Torns (UAB).

lunes, 20 de septiembre de 2010

Un ejemplo de terquedad en la resistencia contra los totalitarismos



¡¡ Hasta siempre Labordeta !!

Has sido y seguirás siendo un ejemplo para todos los que luchamos contra la opresión de las mayorías totalitarias, contra el pensamiento único y contra la inercia del dinero que es capaz de comprar voluntades...

La reforma laboral no creará empleo, sino paro y desregulación

El abaratamiento del coste del despido

José María Zufiaur


“Si teniendo que pagar 45 días por año, con un tope de 42 mensualidades, nuestras empresas han despedido a centenares de miles de trabajadores por ese procedimiento, ¿se imaginan lo que harán cuando el coste ha pasado a ser de 25 días y un máximo de 18 mensualidades? ¿O qué sucederá cuando, gracias a las nuevas redacciones de las cuatro causas – económicas, técnicas, organizativas y por necesidades de la producción – de los despidos objetivos, les cueste despedir 12 días por año y hasta un límite de 7 mensualidades?”

La manera en que el Gobierno, y sus portavoces, han defendido la reforma laboral en el Senado, es sintomático del nuevo talante “liberal-decisionista” que impregna su actual manera de actuar y manifestarse. Ha pasado de querer basar su singularidad gubernamental en la defensa de políticas sociales a identificarse con la defensa de las medidas de ajuste y de reforma socialmente más duras.


El paso de la reforma laboral por el Senado ha contribuido a empeorarla y, especialmente, a mostrar el gusto que le ha cogido el Gobierno a las medidas laborales coercitivas. Por ejemplo, el endurecimiento de los requisitos para la ayuda a los parados y para la extinción de la prestación por desempleo. Como si el hecho de que los servicios públicos de empleo no coloquen laboralmente a casi nadie (el 2,9% de las colocaciones, según los últimos datos) sea culpa de los parados. Y no de que se lleva mucho tiempo sin creer en los servicios públicos de empleo; de que éstos se hayan orientado más al pago de prestaciones que a la recolocación o al mantenimiento en el empleo de los trabajadores; de que el número de orientadores (en comparación con otros países) es muy bajo en relación con el número de parados; de que no exista coordinación efectiva entre el Servicio Nacional de Empleo y los autonómicos; de que la formación impartida no incorpora valor añadido para la inserción laboral de los parados.


Del mismo tenor punitivo es la ampliación de las condiciones para declarar causa objetiva de despido el absentismo laboral (materia particularmente difícil de definir y, sobre todo, de medir objetivamente), que se ha incorporado por decisión senatorial.


Con estas iniciativas, este Gobierno vuelve a la misma filosofía que impulsó la reforma de las prestaciones por desempleo realizada por el Gobierno de González en 1992. Una ley aquella que también fue una reacción correctiva frente a la crisis y el aumento del desempleo. Y que redujo las prestaciones por desempleo, dificultó el acceso a las mismas y dio lugar a una huelga general de media jornada, el 28 de mayo de aquel año.


Convirtiendo en superavitarias las cuentas del desempleo, pero sin solucionar ninguno de los problemas estructurales del sistema de protección del desempleo. Al mismo tiempo, el Gobierno propuso un proyecto de ley orgánica de huelga totalmente restrictivo. Esas fueron sus respuestas al aumento de las demandas sociales y al fuerte incremento de la conflictividad laboral que se produjo en el primer semestre de aquel año, como consecuencia de la crisis. El posterior acuerdo entre los sindicatos y el grupo parlamentario socialista sobre un nuevo proyecto de ley de huelga, fue finalmente abortado en la fase final de su tramitación legislativa por el desacuerdo del Presidente del Gobierno y de su ministro de economía con el contenido del mismo.


El debate de la reforma laboral, en concreto de las prestaciones por desempleo, en la Cámara baja ha puesto de manifiesto la utilización por parte gubernamental de una lógica típica del reformismo liberal. Utilizando la idea de que es necesario pasar a un “Estado social activo” y de que es imprescindible “activar las prestaciones sociales” asistimos desde hace bastantes años en el mundo, y en Europa, a una extraordinaria presión, que también se podría llamar chantaje, orientada a que los parados acepten cualquier tipo de empleo. Ante un panorama donde el dogma económico imperante es incapaz de generar empleos para todos, se recurre, primero, a la extensión del pseudo-empleo precario. Y, para ello, a condicionar la aceptación de cualquier empleo. El discurso sobre el reparto del trabajo y la reducción de jornada ha dado paso al objetivo de “trabajar más para ganar… menos”. Bajo el auspicio de la OCDE ya no se trata de alcanzar el “pleno empleo” sino la “plena actividad”. Que, evidentemente, son cosas muy diferentes. La calidad del empleo no importa, lo importante es tener un empleo, por poco deseable que éste sea. En ese objetivo, la culpabilización de los parados, el reforzamiento de los controles y de las exigencias sobre los que no tienen empleo no sólo son útiles, sino indispensables. Tales medidas coercitivas son tanto más necesarias cuanto que las actividades-empleos ofertadas son poco atractivas, poco remuneradas, mal protegidas por el derecho del trabajo y la protección social. Un camino que, como dice el sociólogo francés Robert Castel, más que al progreso nos recuerda las luchas laborales propias de comienzos de la época industrial.


A su vez, la manera en que el Gobierno, y sus portavoces, han defendido la reforma laboral en el Senado, es sintomático del nuevo talante “liberal-decisionista” que impregna su actual manera de actuar y manifestarse. Ha pasado de querer basar su singularidad gubernamental en la defensa de políticas sociales a identificarse con la defensa de las medidas de ajuste y de reforma socialmente más duras. Políticas todas ellas – ajuste centrado en los sectores populares, reformas regresivas en el ámbito laboral y del sistema público de pensiones, política fiscal favorable a las empresas y a las rentas del capital – preconizadas por los centros emisores del pensamiento neoliberal, desde el Banco de España hasta el Fondo Monetario Internacional, pasando por la Comisión Europea.


Si, al principio, este Gobierno parecía querer dar a entender que lo hacía porque se lo imponían, luego ha pasado a defenderlas como el acto heroico necesario para asegurar el futuro del país. No sólo como la vía más responsable – nos cueste lo que nos cueste – sino también la más correcta desde los postulados de la izquierda. Al punto de que parece haber llegado al convencimiento de que cuanto más duras son las medidas, también son más de izquierdas. Pese a que los sindicatos y otros partidos de izquierda estén contra la reforma laboral y de las pensiones, aunque el Partido Socialista Europeo preconice lo contrario de las medidas de ajuste aquí adoptadas, a contracorriente de los socialistas franceses que se oponen a la prolongación de la edad de jubilación a los 67 años. Y, según se ha visto este mes de agosto, también de los alemanes del SPD, que han reculado lo que han podido, dada la división interna, sobre lo que habían firmado al respecto durante su participación en el gobierno de coalición con la Sra. Merkel.


De tal manera que si la movilización popular no lo evita, los nuestros nos van a aplicar, como en el pasado, las medidas que temíamos y que esos mismos decían que nos podría imponer la derecha. Que luego, cuando ésta llegaba al Gobierno, tampoco muchas veces podían aplicarlas, entre otras cosas, porque, desde la oposición, los nuestros volvían a parecer de los nuestros y apoyaban la protesta sindical. Ahora, otra vez, los nuestros nos
quieren convencer de que son las reformas que más nos convienen y hasta las que siempre ellos han defendido. La solución para el conjunto de la izquierda, a largo y seguramente también a corto plazo, pasa por pararles los píes, en España y en Europa.


Pese a este empeño en equiparar los recortes con las sangrías medievales que salvarán ahora al enfermo y lo fortalecerán en el futuro, en el tema del coste del despido, sin embargo, se reitera una y otra vez que esta reforma no lo abarata en absoluto. Lo que, manifiestamente, no es cierto. Ni siquiera si uno quiere confundir el coste del despido para las empresas con la indemnización que van a cobrar los trabajadores en caso de despido.


Cogiendo de referencia el eje central de la reforma, el Contrato para el Fomento de la Contratación Indefinida (CFCI), de 33 días de indemnización, que la misma generaliza - la indemnización de 45 días quedará como elemento absolutamente residual, para los contratos ordinarios, que progresivamente tenderán a desaparecer – del cuadro que figura en la parte inferior de este artículo se deduce con claridad la reducción del coste del despido producido en los últimos años para las empresas. Las medidas de la actual reforma – generalización del CFCI, extensión de la indemnización reducida (los 33 días) a los despidos objetivos simulados (es decir, declarados improcedentes por el propio empresario), redacción de las causas del despido objetivo mucho más proclive al pronunciamiento judicial favorable, reducción del periodo de preaviso, subvención a las empresas por parte del FOGASA con 8 días de la indemnización a pagar al trabajador en distintos tipos de despido – reducen a su vez de forma espectacular el coste del despido para las empresas.


Y eso es lo realmente relevante, en términos de consecuencias sociales. Si teniendo que pagar 45 días por año, con un tope de 42 mensualidades, nuestras empresas han despedido a centenares de miles de trabajadores por ese procedimiento, ¿se imaginan lo que harán cuando el coste ha pasado a ser de 25 días y un máximo de 18 mensualidades? ¿O qué sucederá cuando, gracias a las nuevas redacciones de las cuatro causas – económicas, técnicas, organizativas y por necesidades de la producción – de los despidos objetivos, les cueste despedir 12 días por año y hasta un límite de 7 mensualidades? Aún suponiendo, que es demasiado suponer, que los jueces vayan a rechazar en igual porcentaje que antes de la reforma los despidos objetivos ¿creen ustedes que los empresarios, si les conviene, no van a seguir declarándolos improcedentes, depositando la indemnización de 25 días, evitando, así, al juez y despidiendo sin mayores cortapisas? ¿Cuántos empresarios no están ya haciendo las cuentas para sustituir trabajadores antiguos, con más salario y cargas sociales y menos formación por otros nuevos, más jóvenes, sin cargas sociales y con una formación de base mucho mayor? Si no lo hacen no será por que económicamente no les salen rentables las cuentas.


Aparte de mantener íntegramente la temporalidad, la desestabilización de los trabajadores estables que esta reforma supone es difícil de imaginar en toda su amplitud. Me gustaría equivocarme, pero creo que será enorme. A lo que habrá que añadir las repercusiones que la misma va a tener sobre la negociación colectiva y el papel de los sindicatos. Y, por lo tanto, sobre el desequilibrio de la relación de fuerzas entre trabajo y capital. También, entre otras cosas, sobre los derechos de pensión de muchos trabajadores que, como consecuencia del proceso de sustitución de trabajadores viejos por jóvenes, pasarán a percibir pensiones más bajas.


Como consecuencia de la nueva regulación del despido objetivo en el Contrato de Fomento de la Contratación Indefinida y de la reducción de los días de preaviso, la percepción indemnizatoria de los trabajadores, contrariamente a lo que se dice, va a sufrir una sensible merma. Con las precedentes reformas, especialmente la de 2002, que la actual consolida pese a que el PSOE se manifestó en contra de ella, y con ésta, la indemnización que cobra el trabajador cae, respecto a la que le correspondía en 1994, entre un 30 y un 54%, según los años de antigüedad.


Pero la indemnización en caso de despido de un trabajador puede reducirse mucho más dependiendo de la otra vía abierta por esta reforma: la modificación de las causas del despido objetivo. Si como consecuencia de ello, los jueces consideran justificados los despidos que, en las mismas circunstancias, antes declaraban improcedentes, las indemnizaciones de los trabajadores perderán entre el 57 y el 72%.


Por último, al subvencionar con 8 días el despido objetivo es muy probable que para las empresas la indemnización por este tipo de despido de los trabajadores fijos y la indemnización por finalización de contrato de los temporales – tras el período transitorio de cinco años que el Real Decreto-ley establece para elevar la indemnización de éstos – sea la misma: 12 días. Que para los ideólogos de esta reforma es su objetivo último. Una peculiar manera de “acabar” con la dualidad de nuestro mercado de trabajo.

José María Zufiaur
Representante de UGT en el Comité Económico y Social Europeo.

viernes, 17 de septiembre de 2010

La huelga es algo más que una propuesta contra el gobierno


Luis García Montero, Público, 12.09.2010
La huelga general convocada no supone sólo una movilización en apoyo de los sindicatos. La huelga no es sólo una protesta contra el Gobierno del PSOE. Desde luego, merecen apoyo las consideraciones sindicales sobre la reforma laboral y la pendiente insolidaria que se agudiza con las novedades introducidas en el mercado de trabajo, la revisión de las pensiones, el retraso de la edad de jubilación y el deterioro del compromiso público de las cajas de ahorros. Desde luego, el Gobierno merece una protesta clara por haber capitaneado un bloque neoliberal en el que se integran también el PP y los nacionalismos conservadores. Pero nos equivocaríamos si cayésemos en la trampa de pensar que se trata sólo de apoyar a los sindicatos o de protestar contra el PSOE. Hay cosas más serias en juego. Por ejemplo, el sentido de la democracia europea.
La policía franquista tiroteó en julio de 1970, en Granada, a unos obreros de la construcción que exigían dignidad para sus condiciones laborales. Asesinaron a Antonio Cristóbal Ibáñez, Manuel Sánchez Mesa y Antonio Huertas. Todavía recuerdo sus nombres. Yo era un adolescente que veraneaba con un tío paterno emigrado a París. Tomé conciencia de lo que pasaba en mi ciudad a través de un chiste malhumorado. Los obreros de Granada son pájaros, comentó mi tío Manolo. La policía ha disparado al aire y han caído tres. Más tarde, en la Universidad, participé en discusiones que valoraban si aquellos obreros habían muerto luchando contra la dictadura o a favor de sus condiciones laborales. Como ya había leído a los novelistas sociales Armando López Salinas, Antonio Ferres, Jesús López Pacheco, Alfonso  Grosso o Juan Goytisolo, comprendí enseguida que resultan inseparables la lucha por la libertad y la dignificación del trabajo. La verdadera democracia no es concebible sin una vida laboral digna y el movimiento sindical es el exponente más profundo de la libertad social. La policía franquista no defendía únicamente el orden maniático y agresivo de un dictador. Procuraba también mantener un sistema basado en la humillación de los trabajadores y las desigualdades sociales.
Un convenio laboral justo es la encarnación en el mundo cotidiano de la idea del Estado democrático. Es el espacio público de nuestra jornada, algo así como la seguridad social o la educación gratuita de nuestros puestos de trabajo. La pretensión de un Estado con derechos universales, amparador, en el que se reformaron las leyes para limitar la avaricia de los especuladores, coincidió con una legislación laboral dispuesta a defender a todos los ciudadanos. Por eso la contrarreforma laboral condensa hoy la idea de un Estado débil socialmente, o sea, del Estado fuerte sólo para imponer medidas al servicio de los poderes económicos. Se trata de un Estado poco democrático, si es que entendemos por democracia algo más que el derecho al voto. Quienes afirman en alto que la reforma laboral sirve para crear empleo o para buscar nuevas formulaciones del Estado del bienestar, mienten. La tendencia precipita las costumbres económicas en sentido contrario y de forma irreversible. Quienes se encogen de hombros y dicen por lo bajo que son exigencias injustas de la realidad, no hacen más que asumir el fin de la política democrática. Por ese camino podemos cerrar los parlamentos y dejarnos gobernar por el FMI.
Europa rueda por un camino donde las necesidades de un banco o los quiebros de un especulador sustituyen la soberanía de los ciudadanos. ¿Implica alguna diferencia elegir? ¿Es lo mismo votar a Elena Salgado que a Rodrigo de Rato y Figaredo? Esa es la pregunta que nos jugamos el 29 de septiembre. Si queremos que un proyecto socialdemócrata sea diferente a una consigna neoliberal, debemos aprender a decir que no. Los mercados neoliberales no sólo privatizan espacios públicos. También han privatizado a los ciudadanos europeos. Somos ciudadanos privatizados, seres privados de la capacidad de decirle que no a los nuevos señoritos. La huelga general está convocada contra ese proceso y contra el olvido de muchos siglos de lucha por la igualdad. Estoy convencido de que, al margen de situaciones coyunturales, el éxito de esta huelga irá contra los intereses que representa el PP y a favor de las bases socialistas que necesitan un futuro distinto para Europa. Hay que dejar de comulgar con ruedas de molino.